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Fri, Feb

Acusan a Zacarías de obstruir cumplimiento de orden judicial

Locales
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El accionista de una fábrica de plásticos, cuyo manejo está judicializado, denunció al político colorado Javier Zacarías Irún por supuestamente obstruir el cumplimiento de una resolución judicial que designa un nuevo administrador del establecimiento industrial. La medida cautelar dictada por la jueza civil Máxima Meza el jueves pasado y debía ser de cumplimiento inmediato, pero extrañamente hasta la fecha no se ejecutó el mandamiento judicial.

Rogerio Do Amaral, uno de los accionistas de la empresa Mega Plásticos Industrias Laminados Sintécticos S.A, denunció públicamente a Javier Zacarías y a un grupo de abogados de presuntamente usar sus influencias en la Policía Nacional, para impedir el cumplimiento de una orden judicial.
El juzgado civil del primer turno de Ciudad del Este, a cargo de Máxima Meza, designó al abogado Javier Ibarra como administrador judicial de la planta fabril ubicada en el Km 22, Acaray de Minga Guazú. Además, la magistrada Meza encomendó a un oficial de justicia para ejecutar el mandamiento judicial con acompañamiento policial.
Desde entonces empezaron las trabas en la Policia Nacional para evitar la ejecución de la medida cautelar, según comentó la abogada Leticia Bóveda, quien informó que la excusa dada desde la institución policial es la falta de un jefe para encabezar el operativo.
Bóveda es defensora de Do Amaral y de Fernando Assaad en un juicio por nulidad de acto jurídico tramitado actualmente en el juzgado civil del primer turno de Ciudad del Este, y que fue promovido por Georges Asaad Azar, padre de Fernando. Por un lado Georges, y por otro lado Fernando y Do Amaral disputan judicialmente el manejo de la empresa.
La abogada Bóveda mencionó que a sus clientes llegaron informaciones de que Javier Zacarías habría amedrentado a jueces para que dejen sin efecto la designación de Javier Ibarra como administrador judicial, o serían procesados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La letrada sostuvo que los abogados Braulio Duarte, Blas Pereira y Leopoldo González (vinculados a Zacarías Irún) están detrás de la maniobra. 
El 8 julio pasado, el fiscal de Hernandarias, Enrique Gómez allanó la fábrica tras una denuncia contra Georges por supuesta apropiación. Según Bóveda, los abogados vinculados a Zacarías amedrentaron al fiscal para suspender el operativo; a las 22:00 Gómez tomó la declaración indagatoria a Georges; y al día siguiente, un sábado, impuso el sobreseimiento de Georges, afirmó Bóveda. 
Sin embargo, el fiscal Gómez sostuvo que fue engañado por los abogados de Fernando, quienes no le informaron que existía un juicio civil y un administrador judicial.
El abogado Rodrigo Galeano, otro defensor de Fernando, dijo que en 2008 Georges tenía 20% de las acciones y había conferido poder para administrar su parte societaria a su hijo Fernando, quien en ese entonces era propietario del 80% de la fábrica. Según Galeano, lo que está en litigio es la fracción que corresponde a Georges. Luego, Fernando había vendido el 2% a Do Amaral.
El abogado Galeano expresó que la empresa hace siete años estaba en poder de Fernando. En mayo pasado, tras iniciar el juicio, Georges obtuvo la administración judicial por orden del juez Mario Aguayo. Desde entonces la empresa ha dejado de pagar impuestos y se habría vaciado las cuentas de la firma, según Galeano.
El 26 de julio pasado, la Cámara de Apelaciones había revocado la resolución del juez Aguayo.

Tráfico de influencia y padrinos políticos

El abogado de la fábrica, Braulio Duarte, desmintió la denuncia de Rogerio Do Amaral y de Leticia Bóveda, y sostuvo que no amedrentó a juez alguno. Además, aseguró no se puede hablar de obstrucción al cumplimiento de una orden judicial, ya que la resolución aún no está firme.
Duarte mencionó que interpusieron un recurso de aclaratoria contra el A.I N° 217, dictado por la Cámara de Apelaciones que revocaba la administración judicial de Georges Assaad Azar.
Duarte aseveró que en 2008, el 80% de las acciones de la empresa correspondía al señor Georges y el 20% a su hijo Fernando Assaad. El profesional señaló que tras tener el poder para administrar la porción societaria de su padre, Fernando se autotransfirió las acciones en una escribanía de Asunción.
Por su parte, el abogado Rolando Salvioni Cáceres, defensor de Georges, sostuvo que Leticia Bóveda es quien tráfica influencia en el juicio a través de su padre, el senador José Manuel Bóveda (UNACE).
Igualmente, Salvioni acusó a la abogada de amedrentar a los jueces para obtener resoluciones favorables. Según Salvioni, Rodrigo Estigarribia es quien intimida a los jueces invocando el nombre del senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Oscar González Daher (ANR).

LOS HECHOS

? En el 2008 George Assaad Azar concedió un poder para administrar sus acciones a su hijo Fernando Assaad.
? A principio del 2016 Fernando vendió acciones de la empresa a Rogerio Do Amaral. (2 por ciento según los abogados de ambos y 20% según George)
?En mayo del 2016 George demanda a su hijo Fernando por supuestamente apoderarse de sus bienes, mientras él estaba sometido a un tratamiento médico.
?El juicio se tramitó en el juzgado Mario Aguayo, quien otorgó la administración judicial a George.
?El 7 de julio el fiscal de Hernandarias Enrique Gómez allanó la fábrica tras una denuncia contra George por supuesta apropiación.
?El 26 de julio, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de Aguayo y envió el expediente al juzgado de Máxima Meza.
?El 4 de agosto la jueza Máxima Meza nombra como nuevo administrador judicial Javier Ibarra, abogado de Fernando.
?Ese mismo día, los empleados sitiaron la fábrica en apoyo a George Assaad. El lúnes se manifestaron frente al Palacio de Justicia.
?La planta tiene 170 empleados.
?Se creó en el 2004 bajo el régimen de la maquila

ABOGADOS DE GEORGE
Rolando Salvioni
Dario Irala

ABOGADOS DE LA EMPRESA
Braulio Duarte
Blas Pereira
Leopoldo González

 ABOGADOS DE FERNANDO
Leticia Boveda
Javier Ibarra
Rodrigo Galeano